LA LUCHA DEL GOBIERNO CONTRA EL FRAUDE FISCAL

A través del Real Decreto-Ley 12/2012, de 20 de marzo y del anteproyecto de ley de 13 de abril, el Gobierno ha introducido una serie de mecanismos para detectar el fraude fiscal. Al sacar a la luz toda esta economía sumergida se pretenden obtener grandes ingresos con los que reducir el déficit y cumplir los compromisos que hemos adoptado ante la Unión Europea.  

Las medidas más importantes que han introducido estas dos normas, son las siguientes:

1. AMNISTÍA FISCAL. Se introduce la posibilidad de hacer una “declaración tributaria especial” para que los contribuyentes puedan declarar aquellos bienes o derechos de su patrimonio que no se hubieran declarado o que se hubieran adquirido “con dinero negro”. Se deberá ingresar a Hacienda el 10% del valor de adquisición de dicho bien y, a cambio, el Gobierno se compromete a no imponer sanciones, intereses ni recargos, y a no exigir responsabilidad penal (ya que ocultar bienes a Hacienda puede suponer hasta 5 años de prisión, según el Código Penal).

2. LOS PARAÍSOS FISCALES. Quienes tengan cuentas en paraísos fiscales que no estén declaradas en España, podrán comunicarlo a Hacienda a lo largo de este año, y que así solo se les imponga el gravamen reducido (8%). Pero, si Hacienda descubre su existencia sin que se haya comunicado, se impondrán fuertes sanciones de, como mínimo 10.000 €. Además, estas rentas ya no prescribirán nunca, así que en cualquier momento en que se descubran, habrá que tributar por ellas.

3. MÁS IMPUESTOS PARA LAS GRANDES EMPRESAS. Las grandes empresas tendrán que pagar más en su Impuesto de Sociedades (reducción de cuota íntegra aplicable a las deducciones, menos deducibilidad máxima anual del fondo de comercio, límites en los gastos deducibles…).

4. MENOS PAGOS EN EFECTIVO. Los empresarios no podrán hacer pagos en efectivo de más de 2.500€. El que lo haga (o lo reciba) se arriesga a que se le imponga una multa del 25% de lo que haya pagado, además de las consecuencias que tendrían otros delitos derivados de esta operación, como facturas falsas, o rentas no declaradas. Sin embargo, Hacienda perdonará la multa si se comunica en los 3 meses siguientes.  Solamente los que no sean residentes en España podrán sobrepasar este límite de 2.500€, y hacer pagos en efectivo de hasta 15.000€.

5. MENOS TRIBUTACIÓN POR MÓDULOS. Actualmente, el sistema de tributación por módulos es el más extendido a nivel de pequeña y mediana empresa. Sin embargo, como ello da lugar a numerosos fraudes y facilidad para manejar dinero no declarado, ahora solo podrán utilizar el sistema de módulos los empresarios que facturen más de 50.000€.

6. OBSTACULIZAR INSPECCIONES. Se endurecen las sanciones para los que obstaculicen las inspecciones de Hacienda. Entre 1.000 y 100.000 euros para los particulares; y entre 3.000 y 600.000 para las empresas. 

7. ALQUILERES NO DECLARADOS. Hacienda comenzará un plan para descubrir aquellos inmuebles que estén arrendados y que no estén siendo declarados por sus propietarios. Para ello rastreará el consumo de energía y así localizar inmuebles donde se puedan estar desarrollando actividades no declaradas.

8. ACTIVIDADES MÁS VIGILADAS. Se vigilarán de cerca los ingresos de artistas, deportistas, empresas que venden a través de Internet y empresas que importan productos desde Asia. También se controlarán más los entramados societarios, y el uso de fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para desviar rentas.

9. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. Los administradores de sociedades que no tengan patrimonio pero que continúen con su actividad, responderán de las deudas de la empresa con su patrimonio personal, aunque de forma subsidiaria (esto es, primero habrá que reclamar las deudas a la empresa, y si ésta no puede responder, se podrá ir contra los bienes personales de los administradores).

10. EMBARGOS PREVENTIVOS Y OTRAS MEDIDAS. La norma facilita que Hacienda embargue preventivamente los bienes del deudor para asegurar el pago de deudas derivadas de delitos fiscales, llegando incluso a poder solicitar prisión para aquellos que incumplan sus obligaciones de pago sin ser insolventes.